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Cerca de dos tercios de las operaciones de bienes raíces se realizan en efectivo y en ocasiones, es complicado conocer al beneficiario final de una transacción
El mercado inmobiliario de Miami, Florida, parece tenerlo todo: sol, arena y mar, así como una posición privilegiada que ha despertado el interés de compradores e inversionistas de todo el mundo de adquirir un bien raíz en esta parte de Estados Unidos; sin embargo, un problema común en las operaciones es identificar la procedencia de los recursos, especialmente de ciudadanos extranjeros, lo cual incrementa el riesgo de lavado de dinero en este tipo de transacciones.
De acuerdo con Rosi Arriaga, asesora de bienes raíces en Miami, es común que dentro del mercado inmobiliario de esta región se intente adquirir una propiedad fuera de un esquema financiero formal, es decir, totalmente en efectivo, lo cual complica identificar la procedencia de los ingresos.
“Muchos clientes se nos presentan y nos dicen: ‘Mira, tengo cash’ es decir, no hay financiamiento y se presentan con una maleta llena de dinero en nuestras salas de ventas y eso lo vemos con mucha frecuencia“, declaró Arraiga en un webinar de asesores inmobiliarios.
El lavado de dinero es el acto de hacer pasar dinero obtenido de forma ilícita como lícito dentro de los canales formales de la economía. De acuerdo con la plataforma Financial Crime Academy, las operaciones en efectivo en transacciones inmobiliarias pueden generar sospechas de posible blanqueo de capitales, ya que permiten a las personas ocultar el origen de los fondos y evitar dejar un rastro en papel.
Tan sólo de enero a julio de este año, se registraron casi 11,000 compras de propiedades residenciales por parte de extranjeros en Florida, las cuales significaron un total de 7,100 millones de dólares. El valor promedio de venta fue de 469,000 dólares.
En agosto pasado, el Departamento del Tesoro, por medio de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), publicó una norma final con el fin de exigir que los asesores inmobiliarios involucrados en los cierres de operaciones de bienes raíces de Estados Unidos presenten informes y mantengan registros sobre ciertas transferencias en efectivo de bienes residenciales a entidades legales y fideicomisos dentro de territorio estadounidense.
“Estas medidas harán que sea más difícil para los delincuentes explotar nuestros fuertes sectores inmobiliario residencial y de asesoría de inversiones”, dijo en su momento la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen.
Pero la medida, que entrará en vigor en diciembre del 2025, puede que llegue tarde. De acuerdo con un análisis del think tank Global Financial Integrity (GFI), en los últimos 20 años se han invertido al menos 2,600 millones de dólares de fondos sospechosos en la industria de bienes raíces de Estados Unidos.
Según el análisis, estos fondos detectados de casos públicos provienen de 14 países diferentes, entre ellos Rusia y México. ” Nuestros datos muestran de manera definitiva que los bienes raíces comerciales en Estados Unidos ofrecen a los sindicatos criminales, los cárteles, los cleptócratas y los estafadores una vía fácil para ocultar y blanquear sus ganancias ilícitas.”, se puede leer en el informe.
Actualmente, no existe un límite legal establecido para comprar una vivienda en efectivo en Estados Unidos; sin embargo, una vez que la transacción supere los 10,000 dólares, ésta debe de ser reportada a la autoridad de aquel país para temas fiscales; en México, el monto límite para realizar una operación inmobiliaria en efectivo es hasta 871,274 pesos.
Para Arriaga, existen firmas inmobiliarias que cotizan en la Bolsa que por su tamaño y reputación tienen prohibido realizar operaciones que involucran grandes cantidades de efectivo. “Simplemente se rechaza y no se hace la negociación, no es por hacer la venta por hacerla, sino que los recursos tengan un origen claro y que sea realmente legítima la identificación y los capitales”.
