Del papel a la práctica: Los principales desafíos de aplicar la reforma de outsourcing

La reforma de subcontratación está por cumplir un año de vigencia. Los cambios al marco regulatorio han implicado para las empresas adaptación de procesos y nuevas tareas, pero en el camino de la implementación las organizaciones han detectado algunos desafíos, como confusión en torno a lo que se considera poner a disposición trabajadores propios en beneficio del cliente, el límite de la responsabilidad solidaria o un uso excesivo del Repse para firmar contratos con proveedores, entre otros retos.

Desde la óptica de Manuel García Garrido, socio de la firma Ibañez Parkman, la prohibición de la subcontratación laboral y las nuevas reglas para tercerizar servicios especializados abrieron la puerta a diversas interpretaciones, lo que ha hecho más compleja la operación diaria de las empresas.

“En términos del artículo 12 y 13 de la Ley Federal del Trabajo, hay una gran posibilidad de interpretaciones de las disposiciones legales y esto a nivel de cancha se vuelve gravísimo”, expuso durante un webinar organizado por la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh).

En ese sentido, el primer desafío que han encontrado las empresas en la práctica es un uso excesivo del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse) por la falta de claridad en lo que se entiende como poner a disposición trabajadores propios en beneficio de otra empresa, un criterio que se estableció con la reforma de subcontratación para determinar si se trata o no de la tercerización de un servicio.

“Empezamos con un problema complicado porque se empezaron a pedir Repses de forma indiscriminada, empezamos a pedirle a casi cualquier proveedor de servicios tener Repse. Bajo esa lógica, entiendo que el de Finanzas, el de Fiscal o el contador, inquieto por pensar que podía poner en riesgo la deducibilidad de sus facturas, empezó a pedir los Repses”, apuntó el especialista.

Sin embargo, el uso excesivo del Repse por la exigencia de las empresas con sus proveedores trae consigo riesgos laborales para los contratantes. Otro desafío que han encontrado las empresas es el límite de la responsabilidad solidaria que tiene el cliente con los trabajadores de la prestadora de servicios especializados en una demanda laboral.

“Cómo contesto una demanda, se vuelve difícil. Es un tema de trabajo previo en donde yo como usuario tengo que discernir ¿Qué tipo de contrato tengo con el proveedor? ¿Existe Repse o no? ¿Realmente hay puesta a disposición de trabajadores o no? Y, lo más importante y hasta ahora poco visto: ¿Estuve supervisando que ese proveedor cumpliera con sus obligaciones laborales en término de lo que señala la ley?”, cuestionó el abogado.

Pero en el caso hipotético de que una empresa contrate un servicio especializado y a la mitad del camino detecte que su proveedor tiene incumplimientos con sus trabajadores, aunque técnicamente puede rescindirse el contrato, ¿Qué pasa si esos colaboradores demandan al empleador y éste no tiene para cubrir la deuda? En una situación así, el contratante se enfrentaría en un juicio a trabajadores que tienen una antigüedad de más de 15 años, pero que sólo estuvieron prestando el servicio unos meses con él. “La ley no me dice que la responsabilidad solidaria sea acotada, sólo me dice que soy solidariamente responsable”.

Desde la perspectiva del especialista, durante la implementación de la reforma de subcontratación, las empresas han tenido además poca claridad para determinar en qué momento se considera que el proveedor está poniendo a sus trabajadores a disposición del contratante.

“Legalmente hablando, para que exista el supuesto de la subcontratación tenemos que estar siempre ante el supuesto de que se ponga a disposición o se proporcione personal en beneficio de alguien más. El problema es que el artículo 12 lo refiere, el tema es que no lo define y esa es la esencia del problema”.

Nuevas tareas para las empresas

La reforma de subcontratación entró en vigor en abril del año pasado y su primer impacto fue la prohibición del outsourcing basado en suministro de personal, eliminando la posibilidad de firmar nuevos contratados de subcontratación de personal. Además, las organizaciones tuvieron unos meses para adecuarse a las nuevas reglas de tercerización de servicios especializados.

Desde ese momento, las empresas tienen nuevas tareas para minimizar riesgos, entre ellas, hacer un proceso de revisión de sus objetos sociales establecidos y supervisar constantemente que sus proveedores de servicios cumplan sus obligaciones fiscales y laborales.

“Está el tema también del objeto social. Esto ha sido espantoso en la práctica porque el objeto social, por una mala práctica, se volvió una descripción de actividades tan larga como la cuaresma. Queremos poner desde vender pozole los domingos, hasta dar asesoría, hacer naves espaciales, diseñar y construir un kínder, y teníamos todo en el objeto social”, señaló Manuel García.

Los objetos sociales kilométricos nacieron en buena medida porque las autoridades no permitían la participación en licitaciones públicas o privadas, porque el objeto social de la empresa no hacía referencia a la participación en estos concursos públicos, indicó.

En ese sentido, el especialista recomendó a las empresas revisar constantemente su objeto social y definir el alcance que tendrá éste para evitar riesgos. Con la reforma de subcontratación, un nuevo criterio para contratar servicios especializados es que las empresas contraten actividades que no forman parte de su objeto social y actividad económica preponderante.

En tanto, García Garrido expuso que entre las nuevas tareas que tienen las empresas con sus proveedores es la supervisión periódica de los contratistas. “Hay que monitorear los contratos, revisar los conceptos de facturación”. Además, tienen la obligación de estar monitoreando que los proveedores cumplan con sus obligaciones; lo más recomendable es hacerlo cada tres meses.

Información de El Economista