El expediente de la Unidad de Inteligencia Financiera ligó a 13 empresas de presuntos prestanombres de Francisco Javier García Cabeza de Vaca con el Cártel de Sinaloa; de acuerdo con la autoridad, la organización criminal fondeó a las compañías que, a su vez, fungieron como contratistas del gobierno de Tamaulipas. Dos de ellas están involucradas en desvíos de recursos del erario tamaulipeco.
El Cártel de Sinaloa fondeó a 13 empresas propiedad de dos presuntos prestanombres del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, revela el expediente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre este caso, y al que Contralínea tuvo acceso. De acuerdo con la autoridad, las compañías se ligan al grupo de siete empresas fachada que la organización criminal ha utilizado para lavar dinero no sólo a su favor, sino también del Cártel de Colombia.
El detallado análisis de la UIF indica que 12 de esas empresas pertenecen a Baltazar Higinio Reséndez Cantú –identificado como uno de los presuntos prestanombres del mandatario tamaulipeco–, y que éstas, a su vez, le reintegraron recursos al también llamado Cártel del Pacífico, aunque en menor cantidad, en lo que configura un clásico esquema de lavado de dinero. Esa docena de compañías fueron usadas también para obtener contratos millonarios del gobierno de Tamaulipas, señala el expediente.
El 8 de julio del año pasado, Reséndez Cantú fue vinculado a proceso bajo los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de ser detenido siete días antes en Texas, Estados Unidos, y entregado a México a solicitud de la Fiscalía General de la República. Además de las acusaciones en su contra aquí, en el vecino país del norte había sido fichado por el Fincen (Financial Crimes Enforcement Network) como presunto lavador de dinero.
La empresa 13 es identificada por la UIF como propiedad de Juan Francisco Tamez Arellano –también identificado como testaferro del gobernador–, y ésta es clave en la compra venta del departamento en Santa Fe, Cuajimalpa, Ciudad de México, que derivó en ingresos directos a las cuentas bancarias de García Cabeza de Vaca ligados al Cártel de Sinaloa. Se trata de la octava compañía que se involucró en la triangulación de los 40.3 millones de pesos que el grupo criminal le pagó al mandatario por el departamento.
Entre los hallazgos más relevantes de la UIF, destaca el hecho de que las 13 compañías hayan interactuado por dos vías con la organización criminal: fondeó de recursos y reintegración.
De las 12 empresas propiedad de Reséndez Cantú sobresalen dos en las indagatorias de la UIF: Inmobiliaria RC de Tamaulipas, SA de CV, y Barca de Reynosa, SA de CV, de las que el presunto prestanombres del gobernador es representante legal, accionista y administrador único. Éstas recibieron tres contratos vía licitación pública de parte de la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas, por 54.5 millones de pesos: para la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres en Reynosa; la construcción, mobiliario y equipo de la Unidad de Docencia para el estado de Tamaulipas; y la pavimentación de la calle Cerro del Cubilete. En las contrataciones, la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades millonarias.
En el caso de Inmobiliaria RC, la UIF documenta que de 2019 a 2021envió 300 millones de pesos a Baltazar Reséndez, a quien describe como “empresario Tamaulipeco listado por una entidad extranjera [Fincen] por blanqueo de capitales; accionista de al menos 11 razones sociales adicionales con contratos con el gobierno de Tamaulipas; posible prestanombres de Francisco Javier García Cabeza de Vaca”.
De la segunda empresa que sobresale, Barca de Reynosa, se indica que recibió 497.4 millones de pesos de diversas licitaciones con el gobierno de Tamaulipas, Pemex y Conagua.
El esquema financiero conecta, además, con el segundo prestanombres de García Cabeza de Vaca: Tamez Arellano, a quien se identifica también como accionista y representante legal de la empresa fachada T Seis Doce, SA de CV. Al respecto, se apunta que de marzo a abril de 2018, Reséndez Cantú le envió 33 millones de pesos; y que Tamez Arellano le envió 2.4 millones de pesos a T Seis Doce, misma que compró el departamento de García Cabeza de Vaca en Santa Fe, con dinero triangulado de las empresas fachada del Cártel de Sinaloa.
A su vez, la empresa fachada T Seis Doce envió al gobernador de Tamaulipas 36.8 millones de pesos, y posteriormente otros 5.3 millones. Al respecto, la UIF señala: “los recursos se presumen posiblemente obtenidos de la ‘venta del inmueble’”.
Acerca de las irregularidades en los contratos de obra pública, se advierte que en el Centro de Justicia se registró un aumento de costos injustificados y obra no terminada; mientras que en la Unidad de Docencia, la ASF detectó probable daño y/o perjuicio al fideicomiso irrevocable de Administración y Distribución de recursos a través del cual se otorga el subsidio, en razón de que la obra no fue realizada.
En el entramado que liga al mandatario tamaulipeco con el Cártel de Sinaloa destaca la empresa T Seis Doce, por ser la que le canalizó 42.1 millones de pesos de la organización criminal a cambio del departamento en Santa Fe. En ello también participó la empresa Avalúos y Peritajes del Sur, SA de CV, propiedad de Reséndez Cantú.
Según la ruta del dinero trazada por la UIF, en diciembre de 2019, la empresa T Seis Doce trasladó a Francisco Javier García Cabeza de Vaca 42.1 millones de pesos de origen ilícito –por ser producto del lavado de dinero del Cártel de Sinaloa–, por concepto de pago del departamento en Santa Fe.
En ese mismo año, la empresa T Seis Doce recibió recursos por 44.8 millones de pesos de la empresa Avalúos y Peritajes del Sur, que también tiene características de sociedad fachada.
Previamente, en ese mismo año, Avalúos y Peritajes recibió 46.3 millones de pesos de seis empresas fachada vinculadas con el Cártel de Sinaloa. “El vínculo con el Cártel deriva de la participación corporativa que tienen con Juan ‘N’, Ladislao ‘N’ o Manuel ‘N’, identidades falsas de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, alias la Trilladora o el Trillo, operador financiero del Cártel de Sinaloa, detenido en 2015 y vinculado a proceso en 2016 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
El reporte financiero añade que la empresa fachada que fondeó a la empresa T Seis Doce manifestó tener el mismo domicilio con otra empresa de Rodolfo Trillo, incluso comparte domicilio con esta persona física.
“Las sociedades mercantiles fachada que fondearon a la empresa Avalúos y Peritajes del Sur fueron denunciadas por la UIF en 2018 e incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas en 2019. Derivado de la denuncia presentada por la UIF, la Fiscalía inició una carpeta de investigación que actualmente se encuentra en trámite”.
Información de CONTRALÍNEA