“Para salvaguardar la estabilidad financiera, estamos tomando medidas con el objetivo desalentar el uso de criptomonedas con miras a prevenir el lavado de dinero, la informalidad y la desintermediación”, dice el Memorando.
Adelanta que buscará “brindar más respaldo al proceso actual de digitalización de los pagos para mejorar la eficiencia y los costos de los sistemas de pagos y gestión de caja”.
Y también anuncia que habrá mayores regulaciones para “salvaguardar la protección del consumidor financiero“.
El Bitcoin, el cepo y el inversor argentino
A medida que el cepo cambiario dificultaba hacerse de dólares baratos, el inversor argentino recurrió a criptomonedas como Bitcoin o las stablecoins para refugiarse de la pérdida de valor del peso.
Así, a nivel global, Argentina ocupa el puesto 14 de adopción de criptomonedas, con una penetración de 15% en la población adulta. La sigue Mexico, en el 15 lugar mundial
Y, en cuanto a volumen transaccional de Bitcoin en el país, con u$s48 millones, Argentina ocupó el cuarto lugar en un podio liderado por:
• Estados Unidos, con u$s1.524 millones.
• China, u$s198 millones.
• India, u$s64 millones.
Regionalmente hablando, detrás de la Argentina, aparecen Brasil, Chile y México, con operaciones cercanas a los u$s25 millones, u$s24 millones y u$s23 millones, respectivamente.
Los bancos vs el Bitcoin y las fintech
De la mano de este guiño que privilegia a la banca tradicional sobre Bitcoin y fintech, el texto también promete medidas para mejorar el negocio de las entidades financieras.
“El BCRA procurará simplificar el régimen actual de encaje legal“, afirma el Memorando, y agrega que “procurará eliminar gradualmente el encaje legal no remunerado para los bancos pequeños“.
A fines de junio próximo, el Banco Central “publicará un plan sujeto a plazos para simplificar el régimen de encaje legal”.
El plan apuntará a que “los encajes legales difieran principalmente en función de la duración de los depósitos“.
A medida que se normalicen las condiciones, “consideraremos relajar gradualmente el piso de las tasas pasivas de los bancos comerciales y los techos de las tasas activas”, alerta.
Y “evaluaremos las regulaciones que permiten a los bancos comerciales cumplir el encaje legal con tenencias de títulos públicos”, le promete al FMI.
La inclusión financiera y las finanzas digitales
El acuerdo con el FMI promete “alentar la inclusión financiera y promover las finanzas sostenibles”
Entre los principales objetivos de la estrategia cabe mencionar los siguientes, enumera, entre otras:
• Promover el uso de medio de pago digitales, cuentas de ahorro, crédito y otros servicios, incluidos los del sector bancario y las microfinanzas.
• Mejorar las capacidades financieras y la protección de los derechos del consumidor financiero.
• Consolidar la interoperabilidad de los pagos digitales.
• Priorizar el financiamiento de las pymes y la promoción del uso de tecnología nueva.
Bitcoin, en la mira de normas de lavado de dinero
En 2023, el GAFI tiene prevista una evaluación de la situación de la Argentina respecto de la prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo, comenta el Memorando, y antes de esa fecha se prevé modificar las leyes en la materia.
“Con el respaldo del FMI, hemos elaborado un plan de acción para adoptar la evaluación nacional de riesgo de lavado de dinero para fines de junio de 2022”, relata, y asegura que en base a esto se elaborarán “estrategias de mitigación”.
La publicación de una Estrategia Nacional en la materia está prevista para fines de septiembre próximo, con recomendaciones para mitigar los riesgos, las vulnerabilidades y los peligros encontrados.
Sin embargo, ya dentro de tres meses, a fines de mayo, se presentará al Congreso una modificación de las leyes de encubrimiento de lavado de activos de origen delictivo, para fortalecer el régimen de sanciones, la lista de sujetos obligados a informar operaciones sospechosas y las medidas preventivas aplicables.
“Paralelamente, la UIF avanzará en la preparación de las resoluciones necesarias de aplicación, incluido en lo relacionado con las instituciones sin fines de lucro declarantes, para facilitar la implementación plena y sin tardanza del nuevo proyecto de legislación”, redondea este tema.
