Contra el outsourcing, la colaboración entre varias entidades gubernamentales mexicanas se ha intensificado para asegurar la implementación de la reforma en materia de subcontratación laboral y proteger los derechos de los trabajadores. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) han unido fuerzas para supervisar y hacer cumplir esta reforma.
La STPS señaló que con el respaldo de la política laboral del presidente Andrés Manuel López Obrador, la restauración de los derechos laborales se ha convertido en una prioridad fundamental para el gobierno. A medida que se acercan los dos años de la entrada en vigor de la reforma, se han observado avances significativos en beneficio de los trabajadores.
Uno de los logros más notables es el movimiento de 2.9 millones de trabajadores hacia empleadores genuinos, lo que ha llevado a una aplicación más activa de las disposiciones de la reforma por parte de los patrones.
Además, se ha registrado un aumento en el salario base de cotización, pasando de 469 a 597 pesos, lo que representa un aumento del 27.4%. Para las mujeres, este incremento fue del 29%.
La STPS ha establecido un plan de trabajo conjunto con otras autoridades para identificar prácticas fraudulentas, iniciar procesos de fiscalización y aplicar sanciones cuando sea necesario. Más de 3 mil inspecciones se han llevado a cabo hasta la fecha, revelando diversas irregularidades en el cumplimiento de la reforma.
Estas acciones han resultado en la cancelación de 1,755 registros en el Padrón Público de Contratistas de Servicios u Obras Especializadas (REPSE). Además, se han iniciado procesos sancionatorios contra las empresas que se beneficiaron de los servicios y se han impuesto multas por un total de más de 27 millones de pesos.
Adicionalmente, el SAT, el IMSS, el Infonavit y la STPS han establecido mecanismos de intercambio de información para continuar supervisando el cumplimiento normativo. Más de 33 mil constancias de registros se encuentran actualmente bajo investigación.
Junto con las sanciones, la STPS ha adoptado medidas preventivas emitiendo criterios de inspección relacionados con la agroindustria y el sector hotelero. Estos criterios continuarán siendo una actividad permanente de la dependencia.
La colaboración entre las autoridades laborales y la constante vigilancia de la normativa, guiadas por las instrucciones del presidente de México, demuestran el compromiso en curso para avanzar en la protección de los derechos laborales a través de la reforma en subcontratación.
– Con información de DEBATE