El combate al lavado en México se ve obstaculizado por la corrupción, la falta de capacidad de investigación y por la carencia de cooperación interinstitucional, aseguró el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Según el segundo volumen del Informe Sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, “aunque las autoridades reconocen el abuso en ciertos sectores por parte de los lavadores de dinero, las respuestas de las fuerzas del orden están limitadas por la corrupción y la falta de capacidad”.
En el reporte también se asegura que, según la base de datos del Consejo de la Judicatura Federal, en 2018 solamente se presentaron nueve condenas por lavado de dinero, 19 en 2019 y tres en 2020, lo que, según ellos, demuestra el bajo nivel de persecución contra este delito.
El Departamento de Estado aseguró que a estos problemas se han sumado resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que han obstaculizado la lucha en contra de este delito.
Según el departamento, hubo dos decisiones en 2017 con las que la SCJN contribuyó a que se pudieran descongelar cuentas y desestimar casos, lo que complica el combate al lavado de dinero.
El primero fue en octubre, cuando el máximo tribunal dictaminó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no podía congelar cuentas sin la orden de un juez, ya que violaba protecciones constitucionales y el derecho al debido proceso.
El segundo fue en noviembre cuando la Corte decidió que sólo los registros obtenidos por orden judicial serían admisibles, lo que “restringió la capacidad de la FGR para presentar registros financieros durante procedimientos judiciales”.
Una tercera resolución de la Corte cuestionada por el departamento fue la declaración de invalidez de la ley de extinción de dominio en 2021. El reporte asegura que esta ley era una oportunidad para fortalecer a las autoridades al poder confiscar bienes para combatir al crimen organizado.
El Departamento de Estado afirmó que son miles de millones de dólares los que se lavan al año a través del sistema financiero mexicano, principalmente, provenientes de la venta de drogas en Estados Unidos.
Información de El Economista